ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEL LOBBY Y PROMINENTES
La Inquietud
Qué duda cabe que el operador jurídico que
ejerce como administrador de justicia, en cualquier parte del mundo tiene que
hacer frente al poder económico o político o delincuencial o a un conjunto de
relaciones sociales encontradas que pueden enervar su criterio de conciencia y
hasta torcer el parámetro correcto de aplicación legal o del principio
aplicable, según el sistema judicial en el que se desenvuelve.
Don Enrique López Albújar*, con quien
sostuviéramos una amical correspondencia,
al cesar en el poder judicial escribió un hermoso poema que titulara “Ya
no quiero ser Juez”, que gentilmente me enviara con una dedicatoria y en el que
expresaba toda la angustia que significa administrar justicia en el país.
Para el operador jurídico que ejerce en los
predios de la abogacía, como defensa de intereses de terceros en los Tribunales
o en el Ministerio Público o en la Administración Pública y que se involucra lo
que en otros lugares se denomina la barra de abogados, sabe que en su cotidiano
quehacer debe aplicar aquella regla que dice: “En la defensa de una causa en la
que sabes que tienes la razón, no sólo
debes conocer el derecho que la fundamenta (lo sustantivo), sino que debes
saberla pedir (lo procesal) y, sobre todo, que te la quieran dar ( la decisión
de los jueces)”. En resumen, a veces, las dos primeras condiciones van resultando de exquisitez académica y lo que
habría que buscar, siempre, es como adecuar y adecuarse a la tercera, en la que
puede suceder que el derecho o la ley, en concreto, se subordine a las ganas
del juez, en unas materias y en un estadío determinado, o a las ganas de los
fiscales o de los funcionarios públicos, en otras y en todos estos casos torciendo la interpretación
de la Ley o dilatando los tiempos procesales con diversas excusas.
Seguridad jurídica
La administración de justicia está en relación
a la seguridad jurídica que demanda la
protección de los derechos individuales o de la
sociedad, a la cautela y al restablecimiento de la paz social y, en fin;
a la realización de los objetivos del Derecho. El Derecho de Acción, de
garantía o de plena jurisdicción, busca, justamente, la realización del Derecho
y no el antojo del recurrente (denunciante o demandante) o del juez, lo cual nos pone ante un problema
de solidez personal y de ética. En realidad, la realización del Derecho no sólo
es un asunto judicial, es también un asunto de cultura social.
Los últimos acontecimientos, también de los
muchos que se mueven en el recuerdo social, con respecto a conductas
judiciales, causan muchos temores en la sociedad y mellan la confianza de la población con respecto a la seguridad jurídica
que requieren para el desarrollo normal de sus actividades personas o empresas.
Precisamente, los países inversionistas se preocupan por los perfiles de
la Administración de Justicia del país
destinatario de sus inversiones, en lo relativo a la preparación de jueces y
funcionarios (incluimos al Ministerio Público) y es, de cierto modo, razón de
las ayudas financieras que tales países hacen en vías de cooperación para
mejorar la cultura judicial y la cultura social con respecto a la solución de
conflictos.
Justicia a la carta
Uno de esos hechos que menoscaban la confianza
en jueces y fiscales es que la administración de justicia pueda ponerse al
servicio de los intereses políticos, delincuenciales y hasta domésticos de
quienes se creen con poder para manipular a los administradores de justicia y a
los administradores de la justicia al punto de hacer inocente al que delinque y
culpable al inocente y hasta de hacerles actuar con grave irresponsabilidad al ceder
a presiones o a falsas gratitudes poniendo la justicia al servicio de intereses
subalternos, sin tomar en consideración la honra de imputados con falsedades de
modo calumniosa y con evidente mala fe o la propiedad de demandados por deudas que jamás se contrajeron a mérito
de documentos que jamás se suscribieron .
Lobby y prominentes
Cualquiera fuera la causa que tenga que
ventilarse en el Ministerio Público o en el Poder Judicial o en la
Administración Pública, con toda la razón que se tuviera, tendrá que
desencadenarse la vía crucis de la búsqueda de las formas de llegar a la buena
voluntad del agente de resolución. No bastará la evidencia de la sinrazón de
denuncias y demandas que no debieran tener otro destino que el archivo o la
declaración de infundadas, sino que se habrá de buscar el auxilio del
profesional (razonable), pero, además,
el auxilio de allegados y demás relacionados con el funcionario o
funcionarios de informe y decisión. Peor, en los casos en que denuncias y
demandas fueran interpuestas con el padrinazgo de expertos en el lobby o por “prominentes”
que se alzan como dueños de las voluntades de
funcionarios y juzgadores por razones inconfesables.
La esperanza no se
pierde
Sin embargo, no todo está perdido. Queda
siempre la esperanza de que en los colectivos de operadores jurídicos del
Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Administración Pública hay
funcionarios de buena fe, fortalecidos en el fragor de la lucha por el Derecho,
suficientemente preparados en la ciencia y en la técnica que manejan y que actúan
siempre con criterios de conciencia y mucho corazón y que jamás se subordinarán
a los dictados de influyentes todopoderosos o de seudos beneficiantes que
pretenden cobrar facturas por favores que, en realidad, jamás se hicieron o
promesas falsas que resultan cantos de sirena.
* Enrique López
Albújar (1872-1966). Escritor nacido en
Chiclayo, ciudad del norte peruano, persona de gran sensibilidad que se
trasluce en sus novelas y cuentos en los que aboga por las poblaciones nativas
y recusa la discriminación racial. Ejerció como abogado y sirvió con eficiencia
a la judicatura nacional. Son para mencionar, sin desmerecer el resto de sus obras,
la novela Matalaché y los Cuentos Andinos. Joyas de la literatura peruana.
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